Declaración conjunta leída por las Copresidencias de la ERC, Colombia y España, durante el Diálogo Interactivo con el EI sobre SOGI el viernes 20 de junio de 2025. Esta declaración acoge con satisfacción su informe sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en relación con el desplazamiento forzado, y también pide la renovación del mandato de la IE sobre SOGI.

Colombia y España, en su calidad de copresidencias de la Coalición por la Igualdad de Derechos (CID, ERC por sus siglas en inglés), manifiestan su profunda preocupación por la adopción de marcos legales que penalizan las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, en varios estados en los dos últimos años.  Tales disposiciones, adoptadas recientemente, contravienen estándares internacionales de derechos humanos que son de aplicación universal en todas las regiones del mundo.

La criminalización de la orientación sexual o de la identidad de género no solo vulnera el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho de estar protegido contra una injerencia irrazonable en la privacidad y contra la detención arbitraria, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que además expone a comunidades enteras a mayor persecución, violencia y exclusión social. Estas medidas erosionan el Estado de derecho y debilitan el respeto a la dignidad inherente de cada ser humano.

Desde la Coalición por la Igualdad de Derechos hacemos un llamado enfático a todos los Estados a abstenerse de avanzar en legislaciones de carácter criminalizador y, por el contrario, a redoblar esfuerzos hacia la descriminalización y la plena protección de los derechos de las personas LGBTI+. La universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos exige que estos estándares se respeten sin excepción, en todas las regiones, como condición indispensable para sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

La Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC, por sus siglas en inglés) expresa su profunda preocupación ante el paquete legislativo sobre “valores familiares y protección de menores”, aprobado en tercera y última lectura por el Parlamento de Georgia el 17 de septiembre y promulgado como ley el 2 de diciembre de 2024. Esta ley incluye disposiciones que representan riesgos para una amplia gama de derechos humanos, socavando los derechos fundamentales del pueblo georgiano y aumentando el riesgo de estigmatización y discriminación hacia las personas en Georgia.

La ERC manifiesta su inquietud por la posibilidad de que esta ley fomente discursos de odio, provoque un incremento de incidentes de violencia y refuerce el estigma, la intolerancia y la desinformación.

Dicha ley impone restricciones discriminatorias sobre la educación, las discusiones públicas y las reuniones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Además, contiene formulaciones ambiguas que perpetúan estereotipos negativos sobre las personas LGBTIQ+. También obstaculiza su acceso a los servicios de salud y podría impactar negativamente en los esfuerzos por combatir el VIH/SIDA en Georgia.

Al hacerlo, esta ley vulnera los derechos de las personas georgianas a la igualdad, la no discriminación, la educación, la salud, la libertad de expresión, la reunión pacífica, la asociación, la privacidad, la libertad y la seguridad. De manera más amplia, esta normativa puede contribuir a un clima de temor y persecución que afectará negativamente los esfuerzos de Georgia por atraer inversión extranjera, fomentar el comercio y mejorar la salud pública y el desarrollo.

Instamos a Georgia a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas georgianas, así como a cumplir con sus obligaciones y compromisos internacionales, incluidas las recomendaciones aceptadas por Georgia en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.

La ERC sigue comprometida con la protección de los derechos iguales para las comunidades LGBTIQ+ en todo el mundo, así como en Georgia y la región circundante.

Miembros de la Coalición por la Igualdad de Derechos que suscriben esta declaración:

– Albania
– Alemania
– Australia
– Austria
– Bélgica
– Canadá
– Chile
– Dinamarca
– Eslovenia
– España
– Estados Unidos
– Estonia
– Finlandia
– Francia
– Grecia
– Irlanda
– Islandia
– Lituania
– Luxemburgo
– Macedonia del Norte
– Malta
– Montenegro
– Noruega
– Nueva Zelanda
– Países Bajos
– Portugal
– Reino Unido
– República Checa
– Suecia
– Suiza

Las copresidencias de la Coalición por la Igualdad de Derechos celebran la aprobación de la Ley de Igualdad Matrimonial en Tailandia, que abre el camino al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país.

Este texto legislativo modifica la sección sobre matrimonio del Código Civil y Comercial de Tailandia para introducir definiciones de «cónyuge» de género neutro, lo que representa una victoria para la comunidad LGBTQI+ tailandesa y un paso histórico en la defensa de la igualdad de derechos y libertades para todes.

Felicitamos al Gobierno de Tailandia por la aprobación de esta ley, que recibió un apoyo abrumador en ambas cámaras de la Asamblea Nacional de Tailandia antes de obtener la aprobación final del Senado el 18 de junio de 2024. Con la promulgación de esta ley, Tailandia envía un claro mensaje al resto del mundo de que las personas LGBTQI+ tienen derecho a vivir y amar libremente y sin miedo, discriminación, persecución ni criminalización.

La aprobación de la Ley de Igualdad Matrimonial convierte a Tailandia en el primer país del sudeste asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el segundo país asiático en hacerlo en menos de un año. Tailandia se une también a Estonia, Nepal, Grecia y Liechtenstein como el quinto país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el último año.

Esta oleada de sentencias y leyes positivas a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y de los derechos LGBTQI+ en general son un faro de esperanza para las muchas personas de todo el mundo que siguen sufriendo persecución y marginación debido a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales.

Como copresidentes de la Coalición por la Igualdad de Derechos, seguimos comprometidos en nuestra defensa de un mundo más igualitario y justo, y seguiremos trabajando con la sociedad civil LGBTQI+ de todo el mundo para hacer realidad esta visión.

Las Copresidencias de la Coalición por la Igualdad de Derechos, en nombre de sus Estados miembros, se unen a la comunidad LGBTQI+ mundial para celebrar este año el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT, por sus siglas en inglés).

Este día conmemora la despatologización de la homosexualidad por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990, y ha ampliado su significado a lo largo de los años para concienciar y llamar la atención sobre los abusos y violaciones de los derechos humanos contra las personas LGBTQI+ en todo el mundo.

En este contexto, mostramos nuestra solidaridad y apoyo a los derechos de las personas LGBTQI+ en todos los rincones del planeta, entendiendo que los derechos de las personas con diversas SOGIESC (orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales) son fundamentales en todas las conversaciones y debates sobre derechos humanos.

Sin embargo, reconocemos las múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación a las que se enfrentan las personas LGBTI+, que también son marginadas debido a su edad, raza, religión, etnia, capacidad, clase, casta, nivel de ingresos, nacionalidad, estatus migratorio, y muchas otras identidades y experiencias de vida, que hacen que las personas sean vulnerables a un mayor estigma y discriminación.

Presenciamos los efectos agravados que producen en las poblaciones LGBTQI+ de todo el mundo las múltiples capas de desigualdad, exacerbadas por la pobreza, la inestabilidad política, las catástrofes naturales, los desplazamientos, el COVID-19 y otras pandemias, epidemias, y emergencias.

Observamos con gran preocupación las recientes olas de criminalización (y recriminalización) dirigidas contra las personas LGBTQI+ en diferentes países, que ahora se enfrentan a un aumento de la persecución y la violencia, así como al encarcelamiento e incluso la muerte debido a leyes draconianas contra las personas de diversa orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Lamentamos el aumento de la persecución hacia las personas transgénero, no binarias y de género no conforme en todo el mundo, que siguen siendo víctimas de acoso, violencia y marginación debido al estigma y temores erróneos perpetuados por dogmas políticos reaccionarios contrarios a los derechos.

No obstante, y a pesar de estos retos, nos solidarizamos con las feroces e implacables comunidades LGBTQI+ de todo el mundo que se niegan a callarse y a dar un paso atrás en la búsqueda colectiva de sus derechos y su liberación.

Aplaudimos a las personas y activistas LGBTQI+ de todo el mundo que defienden con orgullo lo que son, al tiempo que extendemos nuestra atención, solidaridad y compasión a quienes no pueden hacerlo debido a la amenaza de la violencia, la persecución y la criminalización.

Nos comprometemos a garantizar que nadie se quede atrás cuando se trate de lograr la igualdad, la libertad y la justicia para todes, lo que incluye, entre otras cosas, concienciar sobre las necesidades de las personas LGBTQI+ en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y otras conversaciones multilaterales.

En este IDAHOBIT, y por siempre jamás, imaginamos un mundo libre de homofobia, bifobia, lesbofobia y transfobia, y en el que se respeten, honren y defiendan los derechos, la integridad y la dignidad de las personas con orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales diversas.

La Coalición por la Igualdad de Derechos inaugura su Secretariado, albergado por ILGA Mundo

08 mayo 2024

El 11 de marzo de 2024, la Coalición por la Igualdad de Derechos celebró un seminario web titulado «Prohibición de la denominada ‘terapia de conversión’», como parte de la agenda programática del Grupo Temático sobre Leyes y Políticas Nacionales de la Coalición. Este seminario web, organizado en colaboración por los copresidentes de la ERC y los copresidentes del Grupo Temático (Rainbow Railroad y la República de Malta), reunió a una serie de expertos para debatir el desarrollo de políticas públicas, la reforma del derecho penal y las estrategias de promoción con el fin de eliminar las prácticas nocivas conocidas como «terapia de conversión».

Este seminario web pretende servir como un recurso completo y práctico para los legisladores estatales que desean introducir y aplicar prohibiciones a la terapia de conversión a nivel nacional y subnacional. Los panelistas exploraron las mejores prácticas y compartieron las experiencias de sus países a la hora de gestionar derechos e intereses conflictivos y desarrollar políticas desde enfoques centrados en los sobrevivientes.

El seminario web contó con la participación de representantes gubernamentales de Canadá, Estados Unidos, Chile y Noruega, así como de representantes de la sociedad civil, entre ellos el Community Based Research Centre (Canadá), e ILGA World como moderadores. Su objetivo era involucrar a los ministros competentes de los Estados miembros de la ERC con responsabilidades relevantes en materia de reforma del derecho penal, salud, justicia y cuestiones LGBTQI+ en un panel de debate de 90 minutos de duración sobre el tema de la terapia de conversión.

Visión general

Este evento se llevó a cabo en consonancia con el Plan Estratégico 2021-2026 de la Coalición por la Igualdad de Derechos, concretamente con el Objetivo Estratégico 2 sobre la erradicación de la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. La ERC se compromete a compartir buenas prácticas para prohibir y poner fin a las prácticas nocivas que buscan cambiar la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales de una persona y, por lo tanto, anima a sus miembros y a otros Estados a adoptar leyes y políticas para poner fin a las llamadas «terapias de conversión».

La terapia de conversión describe diferentes tipos de intervenciones que pretenden lograr un cambio en la orientación sexual o la identidad de género de una persona y, por lo tanto, afirman tener como objetivo cambiar a las personas de homosexuales, lesbianas o bisexuales a heterosexuales, y de trans o de género diverso a cisgénero. Según el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, las personas LGBTQI+ sufren un dolor intenso y daños psicológicos y físicos duraderos como resultado de las prácticas de terapia de conversión.

En su informe de 2020 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Experto Independiente analizó el impacto de las terapias de conversión en las víctimas, sus implicaciones en materia de derechos humanos y su relación con la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, así como las medidas adoptadas para prevenirlas y sancionar o enjuiciar a quienes las practican y las reparaciones ofrecidas a las víctimas. Según el Experto Independiente, estas prácticas son «intrínsecamente discriminatorias… un trato cruel, inhumano y degradante y, dependiendo de la gravedad del dolor y el sufrimiento físico o mental infligidos a la víctima, pueden constituir tortura».

Sobre el seminario

En este contexto, el seminario web organizado por el Grupo Temático sobre Leyes y Políticas Nacionales de la ERC contó con la participación de representantes de varios de sus Estados miembros, a saber:

• Nathalie Levman – Abogada principal, Departamento de Justicia, Canadá
• Kenneth Kero-Mentz – Asesor principal de la Enviada Especial para Promover los Derechos Humanos de las Personas LGBTQI+, Estados Unidos
• Bjørk Gudmundsdottir Jonassen – Asesora, Departamento de Igualdad, No Discriminación y Asuntos Internacionales, Noruega
• Felipe Peña – Departamento de Salud Mental, Ministerio de Salud, Chile

Desde la sociedad civil, el seminario web también contó con la participación de:

• Michael Kwag – Director Ejecutivo, Community Based Research Centre, Canadá
• Lucas Ramón Mendos – Gerente de Investigación, ILGA World (moderador)

En conjunto, los panelistas ofrecieron reflexiones sobre la importancia de abordar la cuestión de la prohibición de las terapias y prácticas de conversión desde una perspectiva holística, dada la complejidad del tema. El seminario web ofreció un espacio para que los Estados miembros de la ERC aprendieran unos de otros basándose en estudios de casos de países con una legislación eficaz en la materia, mostrando importantes victorias legislativas, así como numerosos retos desde el punto de vista social, político y jurídico. Así, la mayoría de las intervenciones destacaron el daño innecesario causado a las personas LGBTQI+ que han sido sometidas a estas prácticas, que a menudo se llevan a cabo en contra del consejo y las recomendaciones de los profesionales médicos y se basan en prejuicios y estigmas que postulan erróneamente que la homosexualidad y la variabilidad de género pueden corregirse.

Por lo tanto, los ejemplos compartidos por los panelistas se centraron en la necesidad de salvaguardar la seguridad y la integridad de las personas LGBTQI+ en todos los aspectos de la ley, fomentando la colaboración y las asociaciones con la sociedad civil para poner fin a los intentos violentos de «conversión» que no se basan en el rigor científico ni en la dignidad humana. Asimismo, los panelistas compartieron la importancia de las campañas educativas sobre el tema, además del apoyo integral y el acceso a la justicia para las personas afectadas por estas prácticas. En conjunto, la gran cantidad de conocimientos basados en pruebas y experiencias de la vida real compartidos en este seminario web sirve como punto de partida para que los Estados miembros de la ERC y otros países pongan fin a los patrones de violencia que afectan a las personas LGBTQI+ en todo el mundo.

Para obtener más información sobre la prohibición de las llamadas terapias y prácticas de conversión, acceda al seminario web a través del enlace a continuación.

Informe del seminario web por Doug A. Graffeo, Oficial de la Coalición por la Igualdad de Derechos en LSVD.

La Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) se complace en anunciar que Grecia, Estado miembro de la ERC, ha legalizado oficialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Esta decisión histórica supone un paso significativo hacia la igualdad de derechos y la inclusión.

Felicitamos al Gobierno de Grecia por esta legislación histórica en la lucha por los derechos humanos y la igualdad. Este momento decisivo refleja un compromiso sustancial con los principios de justicia, libertad y dignidad para todos los ciudadanos. Al reconocer y proteger el derecho al matrimonio y a la adopción de las parejas del mismo sexo, Grecia sigue construyendo una sociedad más inclusiva, respetuosa y equitativa.

Este paso también envía un poderoso mensaje de apoyo y solidaridad a la comunidad LGBTQ+, no solo en Grecia, sino en todo el mundo, reafirmando su derecho fundamental a vivir y amar libremente, sin discriminación ni miedo.

En un momento en que el mundo se enfrenta a retos y divisiones, celebramos el liderazgo de Grecia en la promoción de estos derechos para todos sus ciudadanos, sin distinción.

Este logro nos recuerda que el progreso es posible cuando nos unimos en defensa de los derechos humanos y la dignidad de cada individuo.

Una vez más, la Coalición extiende su más sincera enhorabuena a Grecia por este hito histórico y renueva su compromiso de seguir trabajando juntos para construir un futuro más inclusivo y justo para todos y cada uno.

Declaración en nombre de la Coalición por la Igualdad de Derechos por parte de sus copresidentes, México y Alemania.

La Coalición por la Igualdad de Derechos condena enérgicamente la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de designar como extremista al denominado «movimiento público internacional LGBT» el 30 de noviembre de 2023. La coalición también recuerda sus declaraciones anteriores sobre la situación jurídica de las personas LGBTIQ+ en la Federación Rusa.

Esta sentencia del Tribunal Supremo, dictada a puerta cerrada, contribuye a una mayor violación de los derechos constitucionales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, que ya son objeto de estigmatización. De hecho, criminaliza cualquier actividad que se perciba como apoyo a las personas LGBTIQ+. Cualquier persona que forme parte de este grupo es extremadamente vulnerable a la persecución. Se trata de un nuevo intento de las autoridades rusas de marginar a los ciudadanos LGBTIQ+. Las autoridades rusas ya han prohibido cualquier debate y difusión de información sobre las personas LGBTIQ+, y han ilegalizado los procedimientos de reasignación de género. Clasificar como «extremistas» a todas las organizaciones y personas que participan en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ contribuye a erosionar aún más su capacidad para vivir con dignidad en Rusia. Esta decisión se ha convertido en un ejemplo más de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la promoción del discurso de odio que se cultivan en el Estado ruso.

La incertidumbre jurídica que genera la calificación de un grupo como «extremista» sin pruebas de actividad delictiva ni de estructura organizativa, tal y como exige la legislación rusa, contribuye a crear un clima de miedo e intimidación y allana el camino para nuevas persecuciones políticas. Esta decisión del Tribunal Supremo afecta a los derechos humanos de todas las personas que viven en Rusia. Tiene un efecto corrosivo en el conjunto de la sociedad y vulnera la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo.

La Coalición por la Igualdad de Derechos se suma a la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Coalición por la Igualdad de Derechos se mantiene al lado de la sociedad civil, los activistas y las comunidades locales de la Federación de Rusia y de toda la región, e insta al Tribunal Supremo ruso a que reconsidere su decisión.

Co-firmantes:

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Eslovenia, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay.