Los abajo firmantes Estados miembros de la Coalición por la Igualdad de Derechos, recibimos con satisfacción los recientes acontecimientos globales y nacionales que buscan poner fin a la práctica de exámenes anales forzados, dirigidos a hombres homosexuales y bisexuales y a mujeres trans, debidos a su orientación sexual o identidad de género auténtica o percibida. Los miembros de la Coalición también observan con profunda preocupación que aún hay personas a las que se les obliga a someterse a tales exámenes.

Los Miembros de la Coalición agradecemos a los organismos internacionales relacionados con los derechos humanos y la salud que ya han condenado dichos exámenes, entre ellos: la resolución de octubre de 2017 de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial; múltiples declaraciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tales como la declaración del Director General de la OMS, de diciembre de 2017, con ocasión del Día de los Derechos Humanos; la declaración de 2016 del Grupo Independiente de Expertos Forenses; la declaración conjunta de doce Agencias de Naciones Unidas en 2015; y las conclusiones del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y del Comité contra la Tortura.

Los miembros de la ERC también acogen con satisfacción los avances realizados en la defensa de la dignidad humana y para acabar con la práctica de los exámenes anales forzados a nivel nacional. Entre estos avances se encuentra una sentencia del Tribunal de Apelación de Kenia, con fecha marzo de 2018, según la cual es inconstitucional someter a los hombres sospechosos de ser homosexuales a exámenes anales forzados. En Líbano, Túnez y Kenia, las asociaciones médicas nacionales también han criticado esta práctica y han instado a que se suspenda.

Los miembros de la ERC instan a todos los gobiernos a que dejen de practicar exámenes anales forzados a personas por su orientación sexual o identidad de género, reales o percibidas. Los miembros de la ERC animan a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales a proporcionar tanta asistencia técnica como sea necesario para asistir a los gobiernos a terminar con esta práctica inhumana.

Cofirmantes:

Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cabo Verde, Chile, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza y Uruguay

Los miembros abajo firmantes de la Coalición por la Igualdad de Derechos hacemos un llamamiento urgente a las autoridades federales rusas para que lleven a cabo una investigación independiente y creíble sobre los informes según los cuales los servicios de seguridad y otras autoridades gubernamentales han perpetrado detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de hombres gays en la República de Chechenia. Si estos informes demuestran ser fiables, pedimos al gobierno ruso que tome medidas para garantizar la liberación de cualquier persona detenida injustamente y que haga rendir cuentas a cualquier persona responsable de dichas acciones. Estas medidas se corresponden con las obligaciones internacionales respecto a los derechos humanos y los compromisos adquiridos por parte del gobierno ruso de respetar los derechos humanos de todas las personas.

Cofirmantes:

Albania, Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Costa Rica, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Ucrania y Uruguay

Firmado en Montevideo, el 13 de julio de 2016

Recordando la afirmación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;

Afirmando que los derechos y libertades consagrados en la legislación internacional sobre derechos humanos se aplican por igual a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI);

Expresando nuestra profunda preocupación por los altos grados de violencia y discriminación que sufren las personas LGTBI, tal y como documentan diversos organismos internacionales, regionales y nacionales;

Acogiendo con satisfacción las medidas positivas adoptadas en diversos países de todas las regiones para hacer frente a dichos actos de violencia, para derogar las leyes y políticas discriminatorias, para proteger a las personas de la discriminación y concienciar a la población sobre los derechos humanos de todas las personas, sin distinción de ningún tipo;

Destacando la importancia de una implicación y participación cercanas tanto por parte de las comunidades locales LGTBI como de otras partes interesadas pertinentes en nuestros esfuerzos en materia de derechos humanos y desarrollo, y abordando a su vez los retos específicos a los que se enfrentan las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres gays y bisexuales, las personas trans, las personas intersexuales y otras personas LGTBI que corren riesgo de sufrir violaciones y abusos de los derechos humanos, lo que incluye los relacionados con múltiples e interseccionales formas de discriminación;

Reconociendo los mecanismos e iniciativas de coordinación y cooperación existentes para el intercambio de experiencias entre pares, tanto dentro de las regiones como entre ellas, y subrayando la necesidad de compromiso y acción complementarios para avanzar en los derechos humanos de las personas LGTBI y promover el desarrollo inclusivo;

Nosotros, como Estados participantes, nos comprometemos a:

Reforzar la cooperación, la coordinación y la comunicación sobre nuestros esfuerzos para promover los derechos humanos y apoyar el desarrollo inclusivo de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales;

Establecer una coalición para compartir, según proceda, información entre nuestros Estados sobre la mejor manera de impulsar el avance de los derechos humanos de las personas LGTBI y apoyar su desarrollo inclusivo, así como para estudiar qué medidas son necesarias para proteger e impulsar dichos derechos, todo ello mediante un trabajo en estrecha colaboración con todas las partes interesadas, lo que incluye las organizaciones regionales y multilaterales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado;

Tender puentes, sentar una base común y entablar un diálogo de espíritu abierto, respetuoso y constructivo, en cooperación con todos los Estados y partes interesadas, teniendo siempre en mente una perspectiva positiva;

Consultar de forma directa y cercana a la sociedad civil para garantizar que nuestros esfuerzos individuales y combinados a nivel internacional se adhieran al principio de «no causar daño», no socaven ni marginen aún más a las personas LGTBI o a otras personas en situación de vulnerabilidad y que, en lugar de ello, creen un ambiente propicio en el que se puedan respetar, proteger y promover sus derechos humanos;

Trabajar juntos por un mundo donde todas las personas, nacidas libres e iguales en dignidad y derechos, satisfacer ese valioso derecho que adquieren en el momento de nacer.